Human Rights Watch confirma violaciones a dd.hh. y recomienda urgente reforma a carabineros.

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Luego de una reunión con Sebastián Piñera, José Miguel Vivanco, quien encabeza la comitiva que por dos semanas recorrió Chile revisando las denuncias por violaciones de derechos humanos, dio a conocer las conclusiones del informe de Human Rights Watch en donde confirma lo que otros organismos internacionales ya anunciaron. Que en Chile el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos.

“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, señaló en el punto de prensa José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.

Las palabras de José Miguel Vivanco se dan a propósito del informe que HRW hizo público, informe que al inicio señala que Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, informe que se centra en las denuncias por violación de derechos desde el 18 de octubre cuando la revuelta popular comenzó.

El informe se da luego de entrevista a más de 70 personas entre víctimas, carabineros, médicos, abogados, académicos, representantes de la sociedad civil. Además, se reunieron con altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, Carabineros y los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia entre Santiago y Valparaíso.

Parte del informe señala expresamente que existe evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes” y de “pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no”, detallando el uso “indiscriminado e indebido” de armas de fuego por parte de los agentes del estado y de los maltratos, abuso sexual y tortura por parte de uniformados a manifestantes agregando la “insuficiente” rendición de cuentas internas de parte de carabineros por sus actos.

“Los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas en relación a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, informó a Human Rights Watch el Ministerio de Salud. De estas, más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves.”

Además se refirió a la polémica del uso de perdigones y los constantes maltratos a manifestantes “golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas “bean bag” (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales”.

Por lo anterior el organismo recomienda una urgente reforma a carabineros expresadas en los siguientes puntos:

  • Revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de la facultad de interceptar y detener personas, y que haya rendición de cuentas por su uso;
  • Asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales por parte de Carabineros;
  • Reformar el sistema de disciplina de Carabineros para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos;
  • Adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados;
  • Hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica;
  • Instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías, tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos, y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo;
  • Suspender cualquier uso de perdigones —no solo durante manifestaciones— hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos;
  • Estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones;
  • Reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionado con armas menos letales para el control de manifestaciones, incluidas las Fuerzas Especiales, entre otras; y
  • Cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra.

Además se entregan datos que contrastan con otros oficiales y dan cuenta de la real magnitud de los abusos cometidos por el estado durante la revuelta popular como lo es respecto a los informado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sobre un total de 6.972 personas detenidas formalmente. Dato que HRW corrige señalando que se llevaron a cabo más de 15 mil detenciones.

También se refiere a las personas que carabineros retuvo durante el toque de queda, número que alcanza las dos mil sobre lo cual señalan que en base a opiniones de juristas habrían sido arbitrarias pues solo corresponde aplicar multa y no detener.

Otro punto sobre los perdigones hace expresa critica a los altos mandos de carabineros por no informar sobre la peligrosidad de estos sobre las personas a mandos medios y bajos.

Revisa el informe completo AQUÍ

Revisa también; Organizaciones Internacionales confirman violaciones a los DD.HH. en Chile.

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