Piñera anuncia más represión y persecución a manifestantes.

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Nuevamente la población en la calle demostró que el movimiento no baja su intensidad exigiendo demandas históricas. Ante esto, Sebastián Piñera, luego de una reunión extensa en La Moneda, en cadena nacional, lejos de dar respuestas a las demandas, anunció nuevamente persecución judicial vía ley de seguridad interior del estado a protestantes, y refuerzo a policías reintegrando a retirados ante la falta de piso político para volver a llamar a los militares a la calle.

La apuesta comunicacional del gobierno sigue la línea de los anuncios contradictorios para confundir a los espectadores. Esto quedó en evidencia cuando Sebastián Piñera en un nuevo anuncio por cadena nacional inició hablando de 3 acuerdo.

El primero “por la paz y contra la violencia” para anunciar luego que se hacía el llamado a reintegrarse a los policías retirados (entre información que señala la falta de apoyo político para volver a llamar a los militares) y persecución a los manifestantes vía ley de seguridad interior del estado.

Un segundo “acuerdo por la justicia” con el cual insiste en la insuficiente agenda política de gobierno que no toca el modelo, mucho menos da respuesta a las sentidas demandas sociales que requieren repuesta a corto plazo urgente.

El tercer y último acuerdo por una nueva constitución, en donde solo habló de participación directa de la gente por medio de plebiscito ratificatorio, mientras en el Congreso la clase política negocia una fórmula para redactar la carta fundamental por el propio congreso o por una convención, en que participen quienes la clase política invite a ser parte de la construcción del nuevo texto legal.

Respecto a la Asamblea constituyente, mecanismo de participación directa que la población movilizada exige para redactar una nueva constitución, nada dijo. En línea con los anuncios hechos por sus ministros que rechazan dicha fórmula, una de las posibles salidas a la crisis institucional que atraviesa el país.

Además volvió a hacer énfasis en criminalizar las protestas hablando de los “destrozos” y la “violencia” de éstas, en complicidad con una prensa que hasta muy tarde se esforzó (y esfuerza día día) en dar esa imagen a las muchas formas de manifestación que se viven en Chile, sin referirse a las centenares de denuncias de violaciones a los derechos humanos que han marcado el actuar del estado por medio de sus policías y militares en las casi cuatro semanas de revuelta popular. Hechos incluso denunciados ante organismos internacionales, a la vez que el mundo, que pone los ojos en la situación del país, condena.

De todas formas, y pese a diferencias políticas entre los sectores de la clase política, el gobierno se anota la victoria de alinear comunicacionalmente a todos los partidos políticos, desde la UDI al Frente Amplio, respecto a criminalizar aquellas formas de protesta que tachan de “violentas” en un intento por seguir canalizando las manifestaciones a aquellas que causen menos presión política.

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