Diputados aprueban informe que establece responsabilidad política de Chadwick y Ubilla por asesinato de Camilo Catrillanca.

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De izquierda a derecha; Chadwick, Piñera, Ubilla. tomada de El Desconcierto.

Tras una votación divida, 65 votos a favor y 61 en contra, la sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora sobre el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca asignando responsabilidad por el crimen a Carabineros y el Gobierno, en específico tanto al Ministro del Interior, Andrés Chadwick y al subsecretario de la misma cartera, Rodrigo Ubilla.

“La Comisión Especial Investigadora concluye que Carabineros de Chile tiene responsabilidad institucional en los hechos que culminaron con el homicidio de Camilo Catrillanca, además de la aplicación de apremios ilegítimos, torturas físicas y psicológicas en contra del menor de edad M.A.P.C.”, sentencia el documento.

En el informe se señala que es especialmente grave que funcionarios de Carabineros, institución sobre la que recae el legítimo monopolio de la fuerza del Estado, “se hayan organizado para mentir y difundir información falsa con el objeto de ocultar un delito y obstruir una investigación llevada a adelante por el Ministerio Público.”

Se hace énfasis en el uso desperoporcionado de la fuerza en el operativo en el cual se asesinó a Catrillanca; así como la criminalización hacia él vinculandolo con un supuesto robo de vehículos y el uso de infomación falsa desde, durante y después de los hechos.

Se reprocha también que Carabineros en ejercicio en ese entonces que eran parte del alto mando no prestaran sooperación a la comisión investigadora, negándose a asistir a ésta. “Particularmente, la Comisión reprocha y lamenta la inasistencia del exgeneral Director de Carabineros, Hermes Soto Isla; del exdirector de Orden y Seguridad, general Christian Franzani, y del jefe de Zona de la Araucanía, Mauro Victoriano, ya que su ausencia provocó el fracaso de a lo menos dos sesiones de la comisión y la falta de su testimonio dificultó la recolección de antecedentes por parte de la misma”

Respecto a Chadwick y Ubilla se les acusa por no haber planteado mecanismos para restringir el uso excesivo de la fuerza policial, el haber inducido a mentir a los efectivos involucrados, enfrentar la situación en la Araucanía “como si se tratase de una guerra” haciendo de ésta una política de Estado.

En específico señala sobre la responsabilidad del gobierno en el hecho el informe que “la elaboración de una estrategia nacional sobre el tema Mapuche, sin duda, es un asunto muy complejo y, en tal sentido, se considera necesario consignar que las autoridades vinculadas al sistema, en todas las administraciones, desde la creación de la Ley 19.974 sobre el sistema de inteligencia del Estado, “no han sido eficaces en plantear y consensuar una reforma integral que restrinja el uso abusivo de las herramientas que permiten limitar severamente garantías constitucionales, tal como ocurrió con la muerte de Camilo Catrillanca”.

Concuerda la comisión que “las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales tienen responsabilidad política“.

“Ha quedado demostrado, por una parte, que la muerte de Camilo Catrillanca ha sido consecuencia de la intensificación voluntaria y consciente, por parte del Gobierno, de una política de violencia institucional y criminalización del Pueblo Mapuche con la instalación del denominado comando jungla militarizando la zona y cuyos objetivo concretos son líderes indígenas de la Araucanía y Bio Bio”.

Se señala además que este hecho no es un caso aislado “cuyos únicos responsables sean los funcionarios policiales que intervienen en los procedimientos en forma personal, especialmente si, a través de sus autoridades máximas se les ha inducido a mentir”.

Asimismo, se puntualiza que el gobierno tomó la decisión política de enfrentar el conflicto en La Araucanía como si fuera una guerra. “Mantener y fortalecer al comando táctico o comando jungla, dotarlo de mayor poder de fuego y respaldo institucional, fue una decisión del Ejecutivo que contribuyó a crear las condiciones que llevaron a la muerte de Camilo Catrillanca”, se acota.

El texto especifica que no fue una decisión de los Carabineros que fueron dados de baja y se encuentran en proceso judicial, sino que fue una decisión tomada en el Palacio de La Moneda. “Corresponde, entonces, al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario Rodrigo Ubilla la decisión política de las materias que tengan que ver con el orden público y la seguridad interior y, por lo tanto, asumir sus consecuencias”, se acusa.

Además, se sostiene que “el problema de fondo no es exclusivamente atribuible a un solo gobierno, sino más bien que obedece a una política de Estado que, durante décadas, las distintas administraciones, incluidos los exministros y exsubsecretarios, no han sabido dar una solución pacífica y definitiva”.

El informe, junto con lo anterior, hace mención a otras aristas de análisis, a saber: respecto al Sistema Nacional de Inteligencia del Estado; el contexto histórico de la relación del Estado de Chile con los pueblos indígenas y la política sistemática de violencia institucional y criminalización del pueblo mapuche; la militarización de La Araucanía; la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes; la necesidad de diálogo y justicia para todos; y la reacción del Gobierno frente al crimen de Camilo Catrillanca.

Asimismo, se plantean las siguientes propuestas:
1.- Desarrollar la investigación del crimen contra Camilo Catrillanca bajo el principio de debida diligencia.
2.- Establecer como principio rector la reparación integral de las víctimas y sus familias.
3.- Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Originarios y cumplimiento de compromisos con los Pueblos.
4.- Revisar normas e instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en su relación con el poder civil y la sociedad.
5.- Fortalecer las competencias de las comisiones especiales investigadoras.
6.- Revisar la tipificación en la legislación interna de la ejecución extrajudicial.
7.- Desarrollar una política pública de protección de los menores en Chile, acorde con los instrumentos internacionales suscritos por Chile, con enfoque de derechos, que centre a los niños, niñas y adolescentes dentro de la principal preocupación por parte del Estado.
8.- Reformar integralmente el Sistema Nacional de Inteligencia.

Fuente; Cámara de Diputados

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