Operación Cóndor | Justicia italiana condena a 7 chilenos por crímenes de lesa humanidad.

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“Espero que sirva de ejemplo”, fueron partes de las declaraciones de la presidenta de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, por la condena a cadena perpetua a 24 ex militares y autoridades de Chile, Bolivia, Uruguay y Perú, implicados en la muerte y desaparición de 23 ciudadanos italianos en el marco de la “Operación Cóndor”. Plan represivo organizado y llevado a cabo en conjunto por las dictaduras cívico-militares del Cono Sur y liderado por Augusto Pinochet.

El fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Asis en Roma, revoca uno de 2017 que solo dictó ocho condenas, entre los cuales figuraban los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, dejando sin pena a 19 inculpados más por prescripción.

A los ya condenados en el primer fallo; el dictador boliviano Luis García Meza -fallecido en abril de 2018-, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez. El ex presidente peruano, Francisco Morales Bermúdez, su primer ministro, Pedro Richter Prada -muerto en julio de 2017-, el ex militar peruano, Germán Ruiz, y el ex canciller uruguayo, Juan Carlos Blanco y los dos chilenos ya nombrados, se agregan los ex militares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan. Además los ex militares uruguayos José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeauy, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Santa Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez. Todos por homicidio voluntario.

Declaró a Radio U. de Chile la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira “Espero que sirva de ejemplo, porque hemos reiterado muchas veces que no estamos conformes con la justicia en la medida de lo posible y que se juzgue como crímenes comunes los que son de lesa humanidad”, y criticó a la institucionalidad chilena señalando que; “Necesitamos un Poder Judicial que realmente juzgue y condene estos crímenes con penas que tengan que ver con la alevosía con que mataron e hicieron desaparecer a las personas”.

Este proceso comenzó en 1999, un año después de que fuera detenido en Lóndres, el dictador Augusto Pinochet, por denuncias de familiares de los ciudadanos italianos muertos y desaparecidos.

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