Un informe de la PDI dado a conocer esta semana, que abarcó el año 2017, concluyó de forma tajante que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Investigación que se realizó a 240 hogares de menores, de 241, y que constató que, en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por privados, se produjeron 2.071 abusos, incluyendo 310 de carácter sexual.
Una muestra de que luego de la brutal muerte de la pequeña Lissette Villa en 2016 en un centro de Sename no fue suficiente para detener los graves abusos que los niños, niñas y adolescentes que caían en dicho sistema sufrían, fue el informe de 217 páginas elaborado por la PDI que fue dado a conocer a la opinión públicas en estos días y que abarcó 240 centros investigados en 2017.
Al contrario en dicha investigación policial se constata que en el 100% de los centros dependientes directamente de Sename se cometieron “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Además se señala que en el 50% de dichos recintos se cometieron abusos sexuales.
La génesis del informe que resume 28 tomos de investigación, fue la solicitud del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, que investiga las 1.313 muertes que se registraron entre 2005 y 2016 en sename. El informe tiene como fecha diciembre de 2018 y señala haber sido enviado tanto al propio fiscal que solicitó la investigación, como a autoridades de sename que dependen del ministerio de justicia.
Según consigna CIPER, fue la dificultad del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y de su ministra de justicia Javiera Blanco, para entregar datos exactos sobre el número de muertes que se habían producido al interior de sename lo que motivó a Emilfork a encargar a un grupo especial de la PDI, compuesto por ocho profesionales, con dedicación exclusiva, indagar las 1313 muertes que se dieron en 12 años. Investigación que quedó a cargo del comisario Francisco Ceballos, subdirector del Instituto de Criminología.
El informe:
El documento dado a conocer por el diputado Safirio el 2 de julio, da cuenta de la violación sistemática a la Convención de los Derechos del Niño cometidas por el Estado. El informe confirma los dicho por la ONU que denunció al estado de Chile como uno de los pocos estados de países “democráticos” que viola los derechos de los niños a los que debe proteger.
La diferencia entre el informe de la PDI y el de la ONU es que el ente policial investigó 240 recintos de la red sename, mientras la ONU solo 4, por ello resulta aún más grave por ser más completo, ya que abarcó a alrededor de 6.500 niños, niñas y adolescentes que permanecen en estos “hogares”.
El informe de la PDI resulta ser el último de los muchos realizados una vez estalló la realidad que viven los niños pobres que residen en centros sename. Entre ellos el informe Jeldres, dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, como recuerda CIPER. Pero lo que más impacta de ésta última investigación es que a seis años del informe Jeldres, y a pesar de los múltiples anuncios de parte de las autoridades que apuntaban a acabar con ésta situación, nada ha cambiado en los hechos.
Así el grupo al que se le encomendó esta tarea tenía como objetivo “establecer o descartar hechos constitutivos de delitos en cada uno de los fallecimientos y consolidar una cifra precisa de niños que murieron cuando estaban bajo la tutela del Estado. “
De éste trabajó se concluyó que en un año (2017) se dieron 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños, de los cuales; 432 fueron maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El resumen de la investigación fue confeccionado en junio de 2018 y en él se establecían casos que debían ser atendidos con urgencia, entre ellos los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Casos informados en mayo de 2018 al ministerio de justicia y de salud “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”. Dicho tema deja dudas como si entre éstos se encuentran los 15 menores de edad fallecidos el primer trimestre de 2019 y si es que se tomaron medidas de atención médica.
Otro tema relevante fue “la posible existencia de hechos constitutivos de delitos no denunciados”. Y es que en al menos 88 residencia se denunciaron menos casos de abuso que los que se perpetraron. Destacando la región del Maule con el mayor número de vulneraciones a nivel país.
Como conclusión en este tema, dice el informe “En el 88,3% de las residencias se ha registrado algún tipo de vulneración grave contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante su estadía residencial”. Y agrega “A partir de la información levantada y reportada por los mismos encargados de las residencias, es posible afirmar que en el 100% de los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido –de manera permanente y sistemática- acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
El informe solo cuenta con datos de 2017 por que la mayoría de los directores de los centros de sename informaron que no poseían información con antelación a ese año.
Respecto a los maltratos realizados por adultos, la mayoría ocurrió en Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), recintos a donde van los adolescentes procesados por la justicia, donde se resgistran 127 episodios (29,4% de los maltratos de parte de adultos).
Por su parte en los Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD), que pertenecen al área de protección, se registran 105 maltratos de adultos contra menores. Mientras en organismos colaboradores que atienden a adolescentes se consignan 137 casos similares. Sobre las agresiones entre los mismos internos, el mayor número se da en los centros administrados directamente por Sename (CIP/CRC y Cread) con el 79,7% de los casos.
De los maltratos provocados a menores de edad, el 58,3% fueron realizados por los mismos trabajadores a cargo de su cuidado.
En el 50% de los recintos se dio cuenta de abusos sexuales, lo que en número fue un total de 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos. 187 abusos sexuales cometidos por otros menores de edad, 62% se dieron en organismos colaboradores para adolescentes (62% del total) y un 29% en centros administrados directamente por Sename.
Conductas que denuncia el informe han sido naturalizadas como parte de su funcionamiento “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Normalización que se repite si se habla de menores de edad que se registran como fugados y de los cuales se desconoce paradero (250 niños o adolescentes de 68 centros).
También se da cuenta del incumplimiento de los “pisos” mínimos que los centros deben observar para el resguardo de sus “residentes”. Estableciendo el informe que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”, lo que se traducen 107 centros que no cumplen la normativa y que pertenecen a organismos colaboradores.
Los protocolos son; protocolo de contención y sujeción; protocolo de fallecimientos; protocolo de administración de medicamentos; protocolo de alimentación; protocolo de prevención de conductas suicidas y protocolo de manejo de enfermedades complejas.
De éstos un 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales” y 72,1% tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Del porqué a pesar de que un 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename no se cumplen con los protoclos, el informe dice que “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa. Esto implica que el personal directivo sea avisado con antelación de las visitas inspectivas a realizar por parte del o la supervisora de la Dirección Regional del Sename”. Además se señala que los Tribunales de Familia que debían realizar visitas cada seis meses, solo lo hacían de forma anula “No existe un mecanismo de control externo al Sistema de Justicia, lo que propende a la mantención de prácticas funcionales que contravienen las normas y directrices existentes en torno al cuidado residencial de niños, niñas y adolescentes”.
La salud de los residentes también fue objeto de la investigación.
Al respecto la PDI estableció que en el 95,8% de los centros se encuentra algún residente con “perfil clínico” vale decir que sufre de trastornos psiquiátricos, enfermedades crónicas o discapacidad.
Según el informe un 37,3% de los residentes es señalado como persona que padece alguna enfermedad psiquiátrica, un 85,8% de los centros tiene al menos a un residente con diagnóstico psiquiátrico, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital, un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad “un porcentaje significativo de centros no cuenta con el personal profesional para el cuidado especializado permanente de esta población en particular” dice el informe.
Sobre el tema de administración de farmacos, en 159 centros “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Tema no menor si se agrega a ésto que en 2016 se consignó que muchos de éstos medicamentos son utilizados sin control con fines paliativos para contener a los niños, niñas y adolescentes del sename. Además 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos” y un 70,8% de los centros no tiene sala de enfermería.
Fuente; CIPER Chile – Informe PDI
