Multan a subcontratista de Enel por muerte de trabajadores en faena de Central Los Cóndores.

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Luego de la muerte de dos trabajadores de la empresa Ferrovial – contratista de Enel- producto del derrumbe ocurrido en obras de la central hidroeléctrica Los Cóndores en la cordillera de San Clemente, La Inspección del Trabajo anunció una multa de 60 UTM a Ferrovial, al comprobarse que la empresa no contaba con un procedimiento o protocolo de seguridad, lo cual evidencia la desprotección de los trabajadores.

Luego del derrumbe en las faenas de la central hidroeléctrica Los Cóndores que costó la vida del ingeniero español Francisco Calvo, y del trabajador chileno, William Riffo, el pasado 14 de mayo, la Inspección del Trabajo de Talca inició una investigación estableciendo en su informe que Ferrovial – contratista de la mandante ENEL – no contaba con un procedimiento o protocolo de seguridad, vulnerando las normas que protegen a los trabajadores.

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La multa que solo alcanza 60 UTM (alrededor de $2.9 millones de pesos) fue anunciada por la seremi de Trabajo, Pilar Sazo y consignada por El Centro; “Entendemos que existe una responsabilidad por no establecer claramente el procedimiento para manipular la maquinaria utilizada en esta situación”, indicó Sazo al medio, agregando que también existió un incumplimiento de la misma empresa al registrar la asistencia de los trabajadores durante esa jornada.

Se hizo presente que la empresa aún puede apelar por lo cual podría judicializarse el hecho. También se señaló que la causa de la muerte de los trabajadores ocurrió cuando una grúa retiraba material, el cual terminó aplastando a los trabajadores fallecidos.

Por último la seremi dijo que no es primera vez que se dan hechos sancionados desde la institución en contra de la misma empresa, ya que se han registrado otras 15 “fiscalizaciones anteriores a esta empresa, de oficio o por denuncias, donde en algunas de ellas se le han aplicado otras sanciones por incumplimientos”.

Junto con esta investigación existe un sumario sanitario a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Salud cuyo resultado está a la espera. Y una investigación por parte del Ministerio Público y la PDI que busca establecer responsabilidades por el hecho.

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