El informe fue elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y es el tercer estudio realizado por el organismo que da cuenta de las reales condiciones de los reos del país en distintos recintos penitenciarios constatando nuevamente que las malas condiciones de vida, hacinamiento, castigos y violencia persisten en las cárceles chilenas.
Se trata del tercer estudio del mismo tipo que realiza el organismo que se especializa en los DD.HH. y que tomó como muestra los 40 centros ya estudiados en el anterior informe elaborado por ellos y que tenía como fin observar y alertar sobre el estado de respeto a los DD.HH. de las personas privadas de libertad, 5 mil 417 personas en éste estudio, y así poder a la vez señalar cuales aspectos deben promoverse para que sean garantizados.
El documento aborda múltiples temas como los niveles de ocupación de los recintos, régimen interno, alojamiento y habitabilidad, alimentación, servicios médicos, contacto con el mundo exterior, aplicación del régimen disciplinario, derecho a petición, agresiones y fallecimientos, libertad de conciencia y religión, entre otros.
El informe
Respecto a la Habitabilidad, el informe mostró la falta de camas “uno de cada dos hombres privados de libertad (51,3%) no tiene la posibilidad de contar con un espacio propio para dormir. En el caso de las mujeres, esta cifra es de una cada tres (35,7%).Del total de establecimientos que fueron parte del análisis, 26 no contaban con suficientes camas (cinco de ellos son recintos femeninos). “
A eso se suma que 19 de los centros observados están sobre su capacidad, y 11 de forma crítica, “90 % de los establecimientos presenta algún problema relacionado con las condiciones materiales en celdas, módulos o espacios comunes, en primer lugar no presentan calefacción y tienen deficiencias tales como conexiones eléctricas defectuosas o peligrosas, ventanas rotas o sin vidrios, no cuentan con muebles para guardar las pertenencias personales, problemas de iluminación y de ventilación, humedad, filtraciones, falta de limpieza e higiene” y gran cantidad de plagas de roedores e insectos.
En 24 de los recintos hay nula o interrumpido acceso al agua además de “baños en mal estado por roturas, desagües tapados, con filtraciones, humedad, o estos eran insuficientes en cantidad. Igualmente, la privacidad en el uso de inodoros y duchas es excepcional.”
Otro de los problemas se aprecia en cuanto al acceso a servicios médicos, en donde se aprecia que hay un funcionario por cada 49 reclusos, sin embargo la cifra es más grave según el recinto del cual se trata, “el Centro de Cumplimiento Penal de Los Andes tiene un facultativo por cada 187 internos, la proporción más alta del país. En contraste, se encuentran recintos como Porvenir, Región de Magallanes, y Punta Peuco, en la Región Metropolitana”, “En el caso de la comuna austral, el penal tiene un profesional por cada cuatro personas, en tanto, el lugar dispuesto para ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos tiene uno por cada 12 reos.”
Otro aspecto que deja a la vista el trato indigno es el que se da a las visitas “28 de las 40 unidades penales persisten prácticas de someter a desnudamientos a adultos/as y en algunos casos a niños, niñas y/o adolescentes. Estas acciones en algunos casos implicaban el desprendimiento de toda la ropa interior y, en otros, desnudamientos parciales; igualmente, en algunas situaciones involucraba la realización de sentadillas para explorar si había introducción de especies en el cuerpo. “
También preocupante es el trato a los propios interno, en donde el informe constata los constantes malo tratos hacia estos ya que en 26 de los 40 recintos se indica algún nivel de malos tratos. Los testimonios e investigaciones no dejan lugar a dudas de ésto; “En cuanto a recibir golpes, patadas o cachetadas a cambio de no recibir sanción, se da de manera habitual, siendo el pago al contado una práctica ya inscrita en las acciones de los funcionarios uniformados”. Las celdas en que se castiga “se apreciaron malas condiciones de iluminación, falta de circulación de aire, no disponibilidad de control de la luz, falta de acceso a agua y a servicios higiénicos.”
Dentro del mismo informe se realizan 55 recomendaciones al Estado para poner fin a estas condiciones y limitarse solo a restringir la libertad ambulatoria, pues es la única que debiera ser afectada.
Además de eso expertos se han referido al informe y apuntan, al igual que éste, que la política penitenciaria se ha orientado “exclusivamente a la construcción de recintos como fórmula para enfrentar la delincuencia” dijo la directora de la ONG Leasur, Sthefania Walser. Lo cual fue reforzado por Olga Espinoza, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, que dijo: “Al no poder trabajar eficientemente en reinserción social, porque es incompatible hacerlo en estas condiciones, estamos promoviendo la generación de la reincidencia y con la reincidencia, el aumento de la criminalidad. Como Estado existe un deber de generar, por todo los medios, inversiones para que se produzcan cambios sustantivos que nos permitan promover acciones de reinsersión más eficientes” .
Revisa el informe AQUÍ
Fuentes; Radio U. de Chile – INDH.CL
