“Medidores inteligentes” y contratos entre distribuidoras y generadoras aumentarían cuentas de luz.

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Según una proyección realizada por un grupo de expertos las cuentas de luz de casi el 98% de los clientes aumentarían en hasta un 18%. Esto en medio de la polémica desatada por la denominada “estafa de los medidores inteligentes”, aparatos que por una ley aprobada por todo el Congreso será de propiedad de las empresas eléctricas pero que deberán pagar los usuarios.

Aumento en las licitaciones de suministros;

Fue la consultora EcomEnergía Chile la que realizó el estudio que señala que las cuentas de luz aumentarían hasta en un 18% en algunos casos para los clientes producto de la evolución de factores como el Precio de Nudo Promedio (PNP). Es decir el valor en pesos de la energía pactado en dólares entre distribuidoras y generadoras en las licitaciones de suministro.

Según detalló a El Mercurio el director ejecutivo de la consultora, Sebastián Novoa, el cálculo que hizo la Comisión Nacional de Energía (CNE) en enero mostró un aumento en el precio de hasta un 15% de los contratos entre distribuidoras y generadoras. A eso se sumó el inicio de la obligación de suministro de contratos de largo plazo, suscritos en la subasta que se adjudicó a fines del año 2014.

Agrega el mismo medio que dice la CNE que “está el Informe Técnico Definitivo del PNP de enero en la página de la CNE y efectivamente, este considera la entrada en vigencia de los contratos últimos de precios en torno a US$100 por MWh licitados a fines de 2014”.

Para conocer los reales alcances de estos hechos en el bolsillo de las personas habrá que estar a que la Contraloría tome razón del decreto.

La estafa de los “medidores inteligentes”;

La medida que fue aprobada por unanimidad (desde la UDI y RN, pasando por la Nueva Mayoría e incluso el Frente Amplio) en ese entonces en el Coongreso se plasmó en la Ley 21.076 aprobada en enero de 2018 y entregó la propiedad de los medidores y empalmes a la empresa de electricidad pero cuyos costos deberán ser asumidos por los clientes.

La medida fue presentada por los senadores Jorge Pizarro (DC), Alejandro García-Huidobro (UDI) y Baldo Prokurica (RN), que no hicieron otra cosa que repetir lo planteado por el entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, de que la mejor alternativa era traspasar la propiedad de empalmes y medidores a las empresas.

No fue si no hasta que Ciper Chile en un completo reportaje reveló la trama cocinada en el Congreso que el tema no se hizo público, que como bien señala el historiador curicano Max Quitral, “comenzó en 2015, tras el terremoto de Coquimbo. [Cuando] las empresas eléctricas en un acto de generosidad, cobraron a las mediaguas de emergencia el restablecimiento de empalmes y medidores. Entonces los diputados se pusieron las pilas y armaron un proyecto de ley para que fuese obligatorio y gratuito para las empresas distribuidoras, reponer empalmes y medidores destruidos en zonas de catástrofe. Esa ley fue presentada el 2015. Bueno, ahí salió el gobierno “del Pueblo” a prestarle ropa a las compañías eléctricas. La primera fue la Carolina Zelaya, titular Subrogante de la CNE que dijo: “no, mala la ley, muy amplia y se debe cambiar”. Y ahí apareció Andrés Romero, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Energía a decir lo siguiente: “no, si nosotros hacemos que las empresas eléctricas se hagan cargo sin que se les pague eso es expropiación” Chan!. Cuento corto: lo que había partido como un proyecto para obligar a las empresas a no ser miserables durante las catástrofes, terminó siendo el vehículo para que se apropiaran de medidores y empalmes. Con la presión del gobierno de Bachelet, el senado terminó aprobando el 17 de enero (en general) el nuevo proyecto y los diputados lo aprobaron el 25 de enero del 2018. Para cerrar este breve resumen: Andrés Romero dejó la Comisión Nacional de Energía cuando llegó Piñera y hoy trabaja exitosamente como Director de Valgesta Energía, asesorando en temas regulatorios al sector eléctrico nacional, sector que alguna vez reguló.”

Parte del reportaje de Ciper señala al respecto;

Dentro de los próximos siete años las compañías distribuidoras de energía reemplazarán por “dispositivos inteligentes” todos los medidores de consumo de electricidad que hasta ahora eran propiedad de cada cliente. El cambio tecnológico tendrá un costo aproximado de mil millones de dólares –según cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE)- y lo deberán asumir los clientes a pesar de que el nuevo medidor será de propiedad de la compañía. Más de seis millones de máquinas serán instaladas en hogares, oficinas e industrias, abriendo un nuevo capítulo en la historia de seres humanos reemplazados por robots: ya no será necesario el trabajo de la persona que mide el consumo en terreno y tampoco el de las cuadrillas que cortan y reponen la energía. Una vez instalados los nuevos medidores, todo se hará de manera remota.

El principal beneficio que traerá consigo esta nueva tecnología para las compañías del rubro, es que no asumirán el costo de esta gran inversión. Puede que usted no lo haya advertido, pero desde septiembre de 2018, la cuenta de electricidad que paga cada cliente comenzó a incluir el cobro por estos nuevos aparatos. Para definir cuánto se debía cobrar en las tarifas por este cambio, la Comisión Nacional de Energía encargó un estudio en octubre de 2017 a un consultor externo: Inecon. Lo relevante es que los cálculos se hicieron en base a las proyecciones de inversión entregadas por las propias compañías distribuidoras.

En septiembre de 2018, cuando fueron publicadas las nuevas fórmulas tarifarias, el gobierno celebró con bombos y platillos la baja de un 7% en las cuentas de la Región Metropolitana (RM), gracias a los precios más económicos de la energía. Pero, lo cierto es que para el resto de las regiones aumentó y en la RM la baja pudo haber sido aún mayor, ya que el recambio tecnológico aumentará las cuentas hasta en un 5% cada año para solventar esta inversión.

En Chile, históricamente el medidor y el empalme han sido propiedad del cliente. Al menos hasta principios de 2018, el 70% de los medidores era propiedad de los usuarios. Lo mismo ocurría con más del 84% de los empalmes: las instalaciones que van desde los postes hasta el medidor. La CNE definió que la propiedad debía pasar a las compañías distribuidoras de electricidad. Y determinó que los nuevos medidores debían cumplir ciertos requisitos y compartir las mismas características en todo el territorio. En este punto el Congreso jugó un papel clave: la Ley 21.076, que se aprobó en enero de 2018, estableció que medidores y empalmes pasarán a ser propiedad de las empresas y los usuarios deberán pagar por esos dispositivos a través de las tarifas.

Esa ley fue el trámite indispensable para que se pudieran expropiar los medidores masivamente sin indemnizar a los clientes y para que los empalmes pasaran también a ser propiedad de las compañías. Con este cambio legal es el propio Estado el que está legalizando el monopolio de medidores y empalmes en manos de las empresas distribuidoras, ampliando los márgenes del negocio que hasta ahora solo consideraba la venta y distribución de energía. 

¿Ventajas para los clientes?

En teoría, la gran ventaja para los usuarios será que, frente a un corte de energía imprevisto, la empresa podrá identificar y aislar remotamente el origen del problema. Pero el anuncio es refutado por los expertos consultados por CIPER. Estos afirman que, si el corte se produce, por ejemplo, porque se cae un transformador, los medidores quedan de inmediato incomunicados para enviar una advertencia del corte. Sin suministro eléctrico, para que los “medidores inteligentes” pudieran enviar señal, debieran contar con un mecanismo de respaldo para alimentar el sistema de comunicación. Y si el medidor no tiene cómo comunicarse con su estación base, no es infalible, se ha promocionado con atributos que no tiene.

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