Durante el día 16 de Febrero de éste año se publicó por medio del Diario Oficial la ley que hace oficial la prohibición del uso de la pesca de arrastre de la jibia, lo que representa una gran conquista para los pescadores artesanales y el inicio de un nuevo periodo en la batalla por la anulación de la Ley Longueira y la amenaza a la sustentabilidad de los recursos del mar que ésta representa producto de las prácticas utilizadas por la industria para la pesca.
Señala ésta nueva normativa que;
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley originado en una moción de los diputados Daniel Núñez Arancibia y Víctor Torres Jeldes, Proyecto de ley:
“Artículo único.- Incorpórase en el artículo 5 del decreto supremo No 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley No 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“La especie Dosidicus gigas o jibia sólo podrá ser extraída utilizando potera o línea de mano como aparejo de pesca. Se prohíbe cualquier otro tipo de arte o aparejo de pesca. Los armadores que infrinjan el presente artículo serán sancionados con multa de 500 unidades tributarias mensuales y el comiso de las especies hidrobiológicas y de los productos derivados de éstas.”.
Artículo transitorio.- La presente ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación.”.
Lo logrado por los artesanales luego de extensas movilizaciones fuertemente reprimidas desde el gobierno no es menor, pues producto de la sobreexplotación de las últimas décadas de la mayoría de los recursos del mar por parte de las industrias pesqueras por la utilización de técnicas de pesca no selectivos que acaban con las especies marinas, los recursos se han visto agotados por el daño al ecosistema marino causado.
Cabe recordar que desde el Gobierno prestaron un abierto apoyo a las grandes empresas que se vieron beneficiadas por la corrupta Ley Longueira que les entregó grandes porcentajes de explotación de los recursos del mar en perjuicio de los pescadores artesanales, además de permitir la utilización de métodos como el arrastre que han destruido el ecosistema marino.
Así reprimieron a los artesanales movilizados en contraste a la actitud permisiva hacia los dirigentes y trabajadores utilizados e instrumentalizados por los industriales para oponerse a esta ley de la jibia, lo que terminó por anuncia incluso de parte del ejecutivo un veto a la ley o concurrir hasta el Tribunal Constitucional para revertir lo aprobado por el Congreso, intentos por proteger los intereses empresariales que no prosperaron al no contar con los votos suficientes por parte de los legisladores.
Para los pescadores artesanales ésta es una victoria dentro de la gran batalla por acabar con la Ley Longueira, sobre la cual ya se aprobó un proyecto de ley para anularla en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual entre sus principales argumentos prescribe: “Que a cuatro meses de la promulgación de la Ley 20.657, la ciudadanía comenzó a conocer serias evidencias de corrupción y faltas a la probidad por parte de parlamentarios, quienes orientados por empresas de la industria pesquera efectuaron indicaciones, intervenciones y votaciones que beneficiaron directamente a dichas empresas […] Esta situación, ha puesto en tela de juicio la Ley 20.657, también denominada “Ley Longueira”, debido a que ha sido obtenida mediante presiones de las grandes empresas y también, de acuerdo a lo que investigan los tribunales, mediante coimas y sobornos, lo cual viola la soberanía popular la que ha sido alterada por estas prácticas constitutivas de delito.”
