TC valida que clínicas puedan ser objetoras de conciencia aunque reciban dineros del estado

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Finalmente el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por Chile Vamos en contra del Reglamento de objeción de conciencia de la Ley de aborto en tres causales posibilitando que instituciones puedan ser objetoras a pesar de recibir dinero del Estado, colocando trabas a la ejecución de la ley de aborto en tres causales.

La decisión del TC no estuvo exento de polémica producto de que el Gobierno no asistió a los alegatos para defender el reglamento por ellos mismos dictado, defensa que solo Contraloría realizó, por haber hecho “toma de razón” de él.

Fue durante los alegatos que el abogado Camilo Mirosevic, que representó a la Contraloría General de la República, cuestionó acusó al Gobierno de cómodo por no asistin a defender la constitucionalidad de su propio reglamento y señaló que todo es una “maquinación” de parte de los requirentes de derecha quienes buscaban impugnar el dictamen de Contraloría y no el reglamento en sí, dictamen que señalaba que las entidades privadas que suscriben convenios por DFL 36 “sustituyen al Estado” en sus funciones públicas. Además hizo hincapié en que el TC no era competente para conocer del requerimiento y que los parlamentarios de Chile Vamos debían acudir a la justicia de competencia ordinaria.

De ésta forma se acogió la tesis de los parlamentarios oficialistas quienes señalaban que el reglamento dictado por su Gobierno vulneraba la autonomía, libertad de asociación y conciencia de las instituciones de salud que suscribieron convenios con el Estado y reciben dineros públicos.

Des ésta forma la votación fue así; Iván Aróstica, Domingo Hernández, María Luisa Brahm, Juan José Romero, Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez, Pía Silva y Miguel Ángel Fernández, fueron los que votaron a favor de lo planteado por los parlamentarios de Chile Vamos, mientras que Gonzalo García y Nelson Pozo votaron en contra.

Ahora la duda que queda es si se aplica el anterior reglamento dictado por el Gobierno el cual la Contraloría objetó a mitad de año.

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