Con votos de la oposición se aprueba “Aula Segura”

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Tomada de Piensa Prensa

Durante la tarde del lunes se llevó a cabo la votación en general y particular del polémico proyecto del Gobierno de convivencia escolar, o más conocido como “aula segura”, el cual se aprobó y ya está listo para ser ley de la República gracias a los votos del oficialismo sumados a los de parte de la oposición (DC, PPD, PRSD, PS).

110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones fue la votación que se dio en su último trámite legislativo para el polémico y cuestionado proyecto que en sus días previos ha sido duramente cuestionado principalmente por estudiantes que catalogan la ahora ley como parte de la política represiva del Gobierno de turno.

Así desde el Congreso, y con apoyo de partidos de la “oposición” que durante todo el trámite legislativo aportaron con modificaciones al proyecto o directamente con sus votos a favor, se despachó para ser ley de la República el proyecto sobre convivencia escolar (boletín 12107).

La ley lo que introduce es la facultad para que directores inicien procesos de expulsión de cualquier alumno, suspendiéndolo de inmediato, cuando se le acuse de actos que se consideren que afecten gravemente la convivencia escolar, ya sea por porte de armas, agresiones sexuales, lesiones psíquicas y físicas graves a miembros de la comunidad o terceros, así como daños a la infraestructura del establecimiento.

Una ley para criminalizar la protesta estudiantil

Varias han sido las voces que se han opuesto al proyecto acusando una agresiva ofensiva comunicacional desde la moneda para manipular la opinión pública, desde el extraño ataque con bombas molotov a la rectoría del INBA, bombas que a pesar de explotar no quemaron nada y la muestra de material incautado sin que existiera ningún detenido, o incluso el bombardeo por la prensa de imágenes de Fuerzas Especiales siendo repelidas por estudiantes mientras éstas hacían ingreso a un número reducido de establecimientos, sin que en la mayoría de los casos se comprobara motivo para ello, hechos que se han repetido aún estos días pero que guardan siempre la misma conexión y fin de mezclar tanto la protesta en la calle y los enfrentamientos que se dan con carabineros, junto a los casos de agresiones entre estudiantes o de éstos hacia docentes para criminalizar siempre a los estudiantes que se manifiestan por demandas que desde 2011 no son atendidas.

Sobre el proyecto en sí, la Defensoría Popular fue una de las que señaló no solo que el proyecto en sí no tenía sentido si no que denunció también la nula incidencia que las modificaciones introducidas por la oposición a éste tenían para cambiar en algo la lógica represiva de “aula segura” señalando en su oportunidad que “Lamentablemente esto no es “mejorar” o “trasformar” el proyecto de ley “Aula Segura” y renombrarlo “Aula Democrática”, es lisa y llanamente mover el cerco. Esto porque no tiene sentido una ley que pretenda castigar conductas que ya se penalizan en distintas fuentes del ordenamiento jurídico.
El cerco ahora está en el debate de mejorar un proyecto que busca criminalizar formas de protesta social, aumentando el riesgo a sanciones antojadizas de directivos que buscar castigar a l@s indesead@s.”

En misma línea la vocera de la Aces, Amanda Luna, para Radio U. de Chile, llamó a desobedecer el proyecto que finalmente fue aprobado.  “La campaña del terror que ha instalado el Gobierno para validar la legitimidad de Aula Segura refleja que esta no es un política educativa, es una política represiva.

Y es que el proyecto finalmente ni siquiera sumó indicaciones introducidas por la Comisión de Educación que tenían fines pedagógicos, pues el ejecutivo las rechazó todas.

Así lo que se ha aprobado es la judicialización de la convivencia escolar, transformando al Director en un “patrón de fundo” eliminándose la participación democrática que pudo haberle cabido a la comunidad educativa, ya sean docentes, apoderados y estudiantes, en la resolución de éstos conflictos, pues el fin principal es reprimir la protesta para no atender demandas que se arrastran hace años para seguir favoreciendo una lógica de ver la educación como negocio y consecuentemente abandonando aún más la educación pública.

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