Horrendos delitos en contra de niños han encendido el debate sobre reestablecer nuevamente la pena de muerte para crímenes considerados sumamente graves. Sin embargo quienes han querido impulsar dicha medida no han aterrizado en razones de peso que justifique dicha medida, es más, solo han alimentado dicho deseo en base a mitos, como creer que dicha sanción disminuye los delitos en que se aplica, lo cual queda en evidencia cuando los principales grupos políticos que apoyan dicha medida están muy ligados a otra políticas oportunistas y populistas penales.
Fue la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, quien salió a explicar, en entrevista a radio U. de Chile, las razones por las cuales la pena de muerte es inútil como solución al problema, posición avalada por 40 años de activismo en torno a la drástica medida.
¿Cuál es la principal razón para oponerse a restablecer la pena de muerte?
Matar a una persona es un acto de violencia y eso es así si lo hace el Estado o particulares, siempre será de alguna forma una violación a los Derechos Humanos y es un acto de violencia. Al legalizar que se pueda matar a una persona, un agente del Estado va a estar cometiendo una violación a los DD.HH. y un atentado al derecho a la vida, un trato cruel, inhumano y degradante a esa persona. Lo que hace es transmitir un mensaje de más violencia, finalmente, y eso no es una solución ni una manera que permita realmente reducir la violencia en la comisión de delitos.
Llevándolo al ámbito local, el debate apunta a que vuelva esta medida extrema luego de lo ocurrido con la pequeña Sophia. ¿Cómo se presenta Chile en este tema?
Aún se mantiene la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, para algunos delitos en tiempos de guerra. Es uno de los países que no la ha abolido completamente, pero en la práctica el caso es tan específico que nunca se ha utilizado y esperemos que no se utilice. Hay una rabia social frente al caso particular de Sophia que es comprensible: es un caso horrible, es súper humano verse frente a eso y hay que tener mucha indignación si ese caso queda en la impunidad, pero responder a ese hecho tan fuerte con más violencia, y esta vez desde el Estado, da un mensaje que no es el correcto.
Hay que conseguir justicia, no venganza, y que eso signifique que la persona que es el presunto responsable sea llevado a juicio y que se le sancione con todo el rigor de la ley. La pena de muerte no es algo que debiera estar sobre la mesa, ni siquiera en delitos tan graves.
Visto desde la historia, ¿cómo fue la ejecución de la pena de muerte en nuestro país?
Al momento de la abolición, Chile llevaba varios años en que no se estaba implementando en la práctica. Las veces que se aplicó fue por uso del indulto presidencial. La última ejecución policial en nuestro país fue en 1982, llevando varios años sin recurrir a ella. Además, no se ha visto que tenga una incidencia crítica en la tasa de homicidios chilena. Chile presenta una baja tasa de homicidios en la región. Era así antes, teniendo la pena de muerte, y no varió después de abolirla. Evidentemente, hay algo que se puede hacer en términos de prevenir la violencia y delito, que no requiere la pena de muerte para hacerlo. Se puede hacer mejor, pero la pena de muerte no hace ninguna diferencia.
¿Cree que se está desviando la atención con esta solicitud por parte de distintos actores?
Cuando se empezó a hablar de la ‘”Ley Sophia” no se planteó la pena de muerte, sino el endurecimiento de penas: prolongar la cantidad de años de prisión efectiva, disminuir la posibilidad de salir antes en cierto tipo de delito. Esa es una discusión perfectamente válida, pero la idea de la pena de muerte surgió a raíz de esa discusión y creo que tapó puntos que son mucho más importantes.
La pena de muerte no debe ser parte de la discusión, sí deben serlo las penas y el trabajo para prevenir este tipo de hechos. Si hay ese nivel de violencia en el seno de una familia, hay mucho análisis respecto de medidas de prevención que no tienen que ver con las sanciones penales. Chile ya abolió, se suscribió a los compromisos internacionales y no debería responder a un delito así de grave con una violación a los DD.HH.
A lo largo de la historia de Amnistía Internacional, ¿cómo han enfrentado esta lucha?
Llevamos 40 años combatiendo y lo seguiremos haciendo. El movimiento contra la pena de muerte va aumentando y eso es parte del desafío, llegar a un mundo sin pena de muerte, entendiendo que la solución al problema de la delincuencia y violencia no puede pasar por cometer más violaciones de DD.HH., más aun cuando la evidencia muestra que la pena de muerte tampoco cumple un rol disuasivo efectivo. Es un proceso largo. Desde Amnistía Internacional, Naciones Unidas, el sistema interamericano y distintas organizaciones de la sociedad civil, hay una convicción de que es el camino correcto.
¿Qué trabas de tipo político o social han enfrentado?
Hay temas culturales y de acceso a la información. Hay mucho mito, como que si se establece la pena de muerte van a disminuir los delitos, van a disminuir los homicidios. No hay ningún dato ni evidencia que respalden eso. Por el contrario, al parecer no hay relación con la existencia de pena de muerte y, por ejemplo, la tasa de homicidios en el país.
Hay un tema de tener mejor información para construir una opinión más formada. Frente a delitos graves hay una reacción emocional que hace que quieras un nivel de venganza, pero por otro lado, si se va al tema político, por ejemplo en China hay probabilidad que el uso de la pena de muerte sea una manera de acallar la disidencia política o de aplicar pena de muerte a ciertos delitos que tienen que ver con asuntos políticos. Ese es un riesgo relevante a la hora de establecer la pena de muerte.
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