Acusados en montaje operación Huracan libres por falta de pruebas.

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Imagen defensoría estudiantil Wallmapu luego de la audiencia.

Fue ayer que durante más de siete horas se desarrolló la audiencia que terminó por poner la lápida al caso armado sobre pruebas falsas implantadas por Carabineros en complicidad con el Gobierno, lo que es conocido hoy como el montaje de la operación huracán.

La jornada inició a la 9:00 de la mañana con el fiscal González contextualizando los hechos de la Operación Huracán señalando que todo inició en Septiembre, cuando Carabineros entregó al Ministerio Público el Informe de Inteligencia Nº 130, el cual señalaba que existía una presunta organización criminal que estaría detrás de atentados incendiarios ocurridos en La Araucanía.

¿Las pruebas? interceptaciones de diálogos realizados a través de servicios de mensajería de los teléfonos celulares. El problema habría iniciado cuando fiscalía quiso verificar que estas conversaciones se encontraban alojadas en los dispositivos de los detenidos. Finalmente un informe de la propia Fiscalía Nacional determinó la existencia de irregularidades en estos mensajes, pues el formato en que se hallaban no coincidía con los de WhasApp y Telegram, había indicio de que habían sido implantados en los dispositivos de manera posterior a la incautación.

Fue ésta la razón de la apertura de otra causa en que se busca establecer la responsabilidades de quienes generaron la “prueba contaminada” y los presuntos delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, lo que para González, hacía inviable continuar con la investigación.

Fue el abogado de la Intendencia que indicó, contrario a lo señalado por Fiscalía, que “todos los antecedentes que daban cuenta de la existencia de filtraciones y contradicciones fueron mantenidos en absoluto secreto hasta el cierre de la investigación, se nos privó la información y se nos impidió ejercer nuestro derecho a pedir diligencias”. y agregó “no está cumpliendo con el principio de objetividad”, acto seguido solicitó 90 días más de investigación para otras diligencia que a la larga se considerarían innecesarias, y cuyo único objetivo era que no se cerrara la causa.

El Fiscal replicó al abogado del gobierno “es curioso que el querellante hoy muestre interés, después de que está cerrada la investigación”,  “¿cómo vamos a continuar, si la evidencia se encuentra contaminada?”. Esta discusión entre ambos organismos estatales dio paso a la defensa de los imputados para catalogar la situación como “un triste espectáculo del gobierno con el Ministerio Público, peleándose entre ellos”.

Finalmente el juez Gutiérrez determinó cerrar la investigación, pues lo que el gobierno estaba buscando era “una investigación a la investigación”, no aclarar los hechos.

Libres por inexistencia de pruebas

fue durante la tarde que se revisó por parte del juez la petición de la defensa de los comuneros acusados con pruebas falsas de sobreseerlos por no existir argumentos ni pruebas serias que justificaran seguir con la causa por asociación ilícita terrorista señalando y demostrando como es que la pruebas fueron creadas por carabineros e implantadas en los aparatos telefónicos de los acusados.

fue así como el juez Gutiérrez determinó que “no existían ni existen al día de hoy pruebas que vinculen a los imputados en calidad alguna” con los delitos imputados agregando que que consideró que la decisión de fiscalía de no perseverar “puede ser un remedio procesal suficiente, pero constituye un estigma innecesario en los imputados” los que “se han visto afectados ilegítimamente en su honra”.

Ante ésta decisión el fiscal y el querellante (el Gobierno) señalaron que apelaría a la decisión quedando ahora la sedición de mantener o no el sobreseimiento en manos de la corte de apelaciones.

Héctor Llaitul, consignó La Tercera, señaló “siempre estuvimos confiados en una resolución de este tipo. Queremos enviar un saludo a nuestro Pueblo y de alguna manera, también a la sociedad chilena, que acompaño y entendió este proceso”. Añadió que “quedó establecido un montaje, en contra del Pueblo Nación Mapuche, lo dijimos desde un primer momento”.

Por su parte, Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del líder de la CAM, indicó que “como organización seguiremos comprometidos en la lucha por nuestro pueblo”.

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