Cristian Precht, sacerdote sancionado por la Iglesia Católica por haber realizado “abusos sexuales” a una veintena de varones de entre 15 y 35 años, podría volver a realizar misa luego de que cumpliera los cinco años de la condena canónica que lo suspendió del ejercicio pastoral, ésto gracias a que el Obispo de Aysén estaría invitándolo directamente a que se traslade a esa región.
Pruebas de que es lo que quiere Precht serían el brevísimo diálogo que publicó el Mostrador en Mayo pasado que tuvo con Precht a través de WhatsApp, en el cual al sacerdote se le preguntó por hacer misas en Aysén: “No lo tengo claro todavía, es una posibilidad, porque allá hay muy poco clero”, respondió.
La misma alternativa ha sido esbozada por la periodista Andrea Lagos, en su libro “Las culpas del vicario”, sobre Precht. Ella ha dicho: “Sé que él quiere volver (a hacer misa), ir a Aysén”.
Al respecto señaló a La Tercera el Obispo Infanti de Aysén; “Toda persona de buena voluntad es bienvenida a Aysén. Nadie es tan perfecto ni tan santo. Todos tenemos algún grado de pecado y de santidad (…). Aquí hay mucha gente que es acogida y que quiere venir a rehacer su vida o a darle un nuevo rumbo. Llámese como se llame, sea Cristián Precht o quien sea”. y continúa;“Si él quiere venir a Aysén, puede hacerlo, pero no depende de mí. Y, que yo sepa, hasta fin de año no va a venir acá”. Por último agregó que “me alegra que haya terminado su sanción y vuelva a asumir plenamente su servicio sacerdotal”, aclarando que la intención del sacerdote de emigrar a su región ya había sido manifestada antes de la condena: “La idea de servir a las iglesias más necesitadas no viene de ahora. Ya antes él vino aquí a dar retiros espirituales y charlas. No es por la sanción que se interese por Aysén, para escaparse de otra parte”.
Las reacciones no se hicieron esperar ante el anuncio de que Precht pudiera volver incluso a realizar misas, lo cual se percibe como otro caso más en que la iglesia usa la palabra misericordia para encubrir la impunidad
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ente que se vinculó a la Vicaría de la Solidaridad, fue tajante: “Cuando hay acusaciones tan graves como estas hay que ser rigurosos. Cinco años no sanan ningún dolor y más bien reflejan la conducta de la Iglesia en el abuso de sacerdotes contra menores”.
Similar fue la opinión de Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos: “La condena no fue justa. Debió haber estado en la cárcel, porque es muy grave el delito que comete. Él se aprovechó de las condiciones de desolación y ausencia de las víctimas”.
Por último José Andrés Murillo, uno de los tres principales denunciantes del sacerdote Fernando Karadima, ex párroco de El Bosque, calificó la situación como “inaceptable”. “Es una irresponsabilidad tremenda de la Iglesia; confunde misericordia con impunidad”.
