La Cámara de Diputados tardó casi un año en aprobar el Informe de la Comisión Investigadora de Fonasa, que comenzó a sesionar en noviembre de 2016. La aprobación del informe se dio con la sola abstención del diputado Giorgio Jackson, y pasó inadvertida en medio de lo que es la campaña electoral a pesar de la importancia del contenido del i forme que reveló colusión, sobreprecios y carteles médicos.
El objetivo de dicha investigación era indagar sobre las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud efectuadas por Fonasa a prestadores privados desde el año 2012, junto con las pérdidas en ejercicios financieros a partir de 2010, y el eventual lucro de prestadores privados de salud.
Durante la investigación se evidenciaron posibles conductas de colusión entre las instituciones privadas seleccionadas en las licitaciones abiertas por FONASA, junto con las compras directas que son realizadas por los hospitales públicos, principalmente en la compra de camas a clínicas privadas, como las contrataciones de médicos que integran el servicio público.
Resume el Mostrador que “El desembolso desde las arcas fiscales a los prestadores privados se dispararon desde el año 2008. En la comisión se verificó un aumento en un 131% de las compras efectuadas por Fonasa a privados, equivalentes a $ 92.527 millones, específicamente por compra de camas e insumos en 2008, a $ 213.829 millones en el año 2015. Además de un “feroz aumento”, según la comisión, en gastos de farmacia, “que en igual periodo aumentó en 150%, de $ 190.184 millones en 2008, a $ 475.490, en 2015”. Entre los años 2015 y 2016 las derivaciones al sector privado se vieron incrementadas en un 32%, lo que fue calificado como “preocupante” por parte de los diputados pertenecientes a la comisión”
Respecto a cuáles son los centros médicos privados que más licitaciones por Mercado Público han cursado, el 64% de los egresos hospitalarios en el año 2016 se concentró en 6 clínicas: Ensenada (4%), Las Condes ( 2,1%), Colonial (5,1%), Bicentenario (2,6%), Indisa (6,5%) y Tabancura (6,1%). Pero estos centros son los que se encuentran autorizados para participar de los llamados abiertos, que son convocados por Fonasa. Además, hay una serie de instituciones que acceden a contratos directos con los Hospitales, los que no son mediados por Fonasa, y una transferencia de fondos de parte del Estado que responde al modelo de “Libre Elección” de los usuarios.
“Desde el año 2006 la facturación del Estado a centros de salud privados por la Modalidad Libre Elección ha crecido en 88,4%”, detalla el informe. En el año 2014, el 15,3% fue destinado a cinco instituciones, las que recibieron $ 97.155 millones. Las principales prestadoras de servicios en este ítem son Integramédica, la red salud de la Universidad Católica y el Hospital Clínico J. J. Aguirre de la Universidad de Chile. Según la ministra Castillo, durante el año 2015, las utilidades de las clínicas privadas registraron $55 mil millones, monto que creció en un 6,5% en el año 2016.
El informe también destaca un mercado descontrolado tras la incorporación al Plan Auge, en especial en la participación del sector público en hemodialisis, a modo de ejemplo, en el año 2015, solo alcanzó el 11% de la cobertura, en tanto el sector privado llegó al 89% de cobertura”, de esta forma, se generó un mercado con supremacía del sector privado “muchas veces injustificado”, declaró el ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris.
Sobreprecios y colusión
La “ineficiencia estatal”, falta de camas, especialistas y largas listas de espera en el sector público de la salud, y gracias a la alianza “público-privada” empujaron a que se fortalezca la prestación de servicios por parte de las clínicas con recursos públicos. Se informó que este sector en el año 2014 atendió el 48% del total de las prestaciones de mediana y alta complejidad del país, destacando que más del 42% de esas prestaciones se entregan a beneficiarios del sistema público (Fonasa) mediante la Modalidad de Libre Elección.
Sobre los sobreprecios, la Comisión detectó que el costo de contratar a un médico de forma directa pasa de $11 mil la hora a más de $30 mil en el sector privado. Un informe del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), de 2013, establece que respecto a un “día cama de medicina y especialidades”, la diferencia puede llegar hasta un 470,3% (equivalente a $366.176).
Destaca en el informe el caso de la Clínica Ensenada, un servicio creado y orquestado, según la comisión, para recibir pacientes derivados para hospitalizar en sus camas críticas, cuyo representante legal es Luis Bustos Basili, que de acuerdo al informe, cuenta con aproximadamente 50 camas críticas y “ocupa un pequeño espacio en un strip center”. Según la adjudicación que le ha hecho Fonasa, “está al nivel de clínicas como Las Condes, Indisa o Tabancura. En efecto, en 2014, a raíz de una alerta sanitaria, consiguió un contrato por trato directo (sin licitación) con Fonasa por $1.700 millones” destacando que sin embargo solo fue acreditada por la superintendencia de salud en 2017 a pesar de haber otros 208 centro acreditados. Según su ficha del portal Mercado Público, se le ha adjudicado, en virtud de diversos contratos con el Estado, el monto de $8 mil millones, de los cuales $3.477 millones los consiguió durante 2016.
Detalla el informe que, “existen datos del supuesto lobby que hizo para la clínica ante el Ministerio de Salud el ex presidente del Colegio Médico, entre los años 2008 y 2011, con la Directora Nacional de Fonasa, para utilizar la telemedicina para atender pacientes y reducir la lista de espera del AUGE, que es uno de los servicios que presta la clínica, y que desarrolla comercialmente el doctor Pablo Rodríguez Whipple, cuyos servicios fueron contratados en 2014 por el municipio de Illapel para consultas con especialistas que atendieran a la población del Valle del Choapa”.
El cartel de los médicos
Debido a la falta de especialistas y médicos, los hospitales argumentan que se han visto obligados a contratar “de forma directa” los servicios de una serie de sociedades médicas, que en “muchas ocasiones” contratan a los mismos especialistas que prestan servicios durante la mañana al hospital con un precio hora que bordea los 11 mil pesos y, por las tardes, el mismo doctor trabaja en el mismo hospital, a través de la sociedad médica, percibiendo un pago por hora mayor a 30 mil pesos.
Según una auditoría informada el 19 de diciembre de 2016 al Ministerio de Salud, de los tratos directos auditados, solo el 5% –49 de los pagos de un total de 883– se cumplió con lo establecido en la ley, en tanto que en los restantes “no se indicó la causal invocada para su procedencia”. Además, “en 45 pagos, no solo no se invocó una causal legal para que procediera el trato directo sino que, además, no hay antecedentes que acrediten la pertinencia del trato directo; contraviniendo los dictámenes de la Contraloría General de la República”.
La entonces presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, actual presidenta del Colmed, señaló en la comisión que existe una fuerte responsabilidad del Estado en este sistema. Explicó que cuando, como Colegio Médico, plantearon al Ministerio de Salud hacerse cargo de este tema, analizar las sociedades e intentar a largo plazo eliminarlas de sus hospitales, “la respuesta fue que no era parte de la política del período”, cita el informe.
Finalmente puso énfasis en que “se apunta a muchas de esas sociedades con el dedo”. Pero aclaró que este giro del negocio no lo plantearon los colegas, sino que fue la estructura administrativa de los hospitales la que dijo “yo aquí no puedo pagar más”, en lugar de decir “oye, ¿cómo les pago más a mis médicos?”. “En lugar de crear comunidad, lo más fácil fue crear negocio. Pero hay más, porque no solo hay médicos detrás de esos negocios, sino que hay encargados, políticos, gente que toma decisiones, y es este conflicto de interés el que tiene que salir a la palestra”, sostuvo Siches.
Nadie se hace responsable políticamente.
Respecto a las resoluciones que estableció el informe, se determinó que una de las principales problemáticas respecto al sistema de salud pasa por la falta de financiamiento público, pero también por el hecho de que el Estado, con los privados, “busca resolver los problemas sociales que este no puede enfrentar por sí solo, pues actualmente, en algunos casos, carece de la capacidad suficiente, especialmente en lo que se refiere a las camas críticas”.
Además, constató que el origen de una serie de problemas se concentran en los “servicios de salud y los hospitales autogestionados, que realizan gran parte de sus adquisiciones por vía de licitaciones privadas y compras directas al sector privado, lo cual permite un amplio margen de discrecionalidad, opacidad en el sistema, y que en los últimos años ha provocado una creciente deuda del sector”.
Recomiendan establecer “una prohibición o incompatibilidad para que directivos médicos que pertenecen a sociedades prestadoras, autoricen pagos a las mismas sociedades a que pertenecen”. Junto con esto, se recomienda “contratar con exclusividad y/o con mejores condiciones laborales a los profesionales de salud, en el entendido que en muchas situaciones son escasos y requieren mejoras laborales”.
Exigen al actual gobierno cumplir con las 200 camas extras comprometidas y mejorar los mecanismos de resolución de conflictos con los trabajadores.
Pero señalan que lo más grave de todo es que nadie se responsabiliza políticamente del tema. “Todos saben que esto ha ocurrido en al menos los últimos dos gobiernos, pero se teme que, justo en periodo de elecciones, salga a la luz una interpelación tan directa al Estado”, precisa un parlamentario oficialista. Por otra parte, recalca que el mal manejo y los vicios del sistema de salud son un problema “transversal, como el del Sename”, pero en este caso fue más fuerte la máquina política y la dilatación de la salida pública del informe.
Revisa el informe completo desde aquí
