68% de los chilenos esta insatisfecho con la democracia representativa chilena.

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Hace algunos días el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes) liberó el Estudio Longitudinal Social de Chile (Elsoc) (módulo Desigualdades de voz política en Chile) en donde se entregaron datos respecto al nivel de “satisfacción” de los chilenos con la democracia representativa, es decir, si ésta es un “canal efectivo para expresar sus demandas, preferencias e inquietudes a las autoridades públicas”. Los resultados de éste fueron lapidarios pues de las 3000 personas encuestadas, un 43% se declara nada satisfecho y un 25% poco satisfecho con la democracia chilena, o sea, un 68% de los chilenos no estaría satisfecho con la democracia representativa.

El estudio informa que el resultado no debe sorprender pues ésto se viene dando desde el plebiscito de 1989 “la participación electoral ha bajado constantemente, lo que a largo plazo implicará problemas de legitimidad en la representatividad de los gobiernos”.

Más categórico aún es lo que señalan los investigadores; Matías Bargsted, señala que las personas ya no ven diferencia entre ésta democracia y un sistema autoritario, “Yo diría que está creciendo la respuesta de la indiferencia, de las personas que no ve diferencias entre un sistema u otro”. Las razones, se señala, serían los contantes casos de corrupción política en favor de una pequeña elite; “Eso hace que la gente vea la política como un sistema desordenado y oportunista, donde las elite se aprovechan usando información privilegiada en su beneficio en contraste de la mayoría de la población”.

Octavio Avendaño por su parte indica que lo anterior genera “la creencia de que la política no influye en sus vidas cotidianas. Lo que se manifiesta en indiferencia, en especial en los más jóvenes y clases bajas”. Joingnat agrega a ésto que “hay malestar con el funcionamiento de la democracia”.

Finalmente interesante es el análisis del estudio el cual deja en claro que el solo voto no asegura que se escuche la voz de todos por parte del Gobierno pues “Las autoridades pueden interpretar un mismo resultado electoral de formas muy distintas, y según cómo se lo interprete, distintas serán las políticas públicas” y si bien “las democracias descansan en varios mecanismos, los que van más allá del voto, para que las autoridades escuchen”, como los son los cortes de rutas, protestas y huelgas, “estas acciones también suponen capitales y recursos cuya distribución puede ser desigual, así como un sentimiento de competencia para opinar y protestar que no está al alcance de todos”, “Puede entonces entenderse que la participación no electoral también genera desigualdades de voz política. Varios estudios internacionales muestran que los más educados, ricos e informados recurren a formas no electorales de participación (protestatarias o no) en mayor medida que el resto. Como los primeros son a su vez los que más votan, la participación no electoral suele reforzar la desigualdad de voz presente en la participación electoral. Dalton et al. (2010) mostró que incluso las protestas colectivas, que durante largo tiempo fueron concebidas como un arma de los oprimidos, expresan con mayor frecuencia la voz de los más aventajados. Los gobiernos pueden, con las mejores intenciones, organizar asambleas populares y foros, o disponer de sitios web para que los ciudadanos que no votan expresen su voz política, pero tienen grandes dificultades para revertir los sesgos estructurales. Nada parece escapar a estos sesgos, ni siquiera las redes sociales cuyo uso supone, además del acceso a la tecnología, habilidades y competencias de las que los individuos más pobres, así como los más viejos, pueden carecer”.

Lo anterior revela que por más oferta electoral, por más que la gente vaya a votar e incluso por más que se llame a participar de otras formas de protesta, los pobres seguirán sin ser escuchados pues la desigualdad estructural capitalista impide tener acceso a los recursos (educación, riqueza e información) que permitan a los más oprimidos expresar lo que quieren.

Revisa el estudio haciendo click aquí

En la Democracia Representativa el pueblo cree elegir a quienes quiere, pero elige a quienes le dicen debe querer

Vía Contranatura

Si el conjunto de los ciudadanos de un Estado debe escoger de su seno a un pequeño grupo de hombres que lo represente y delegar permanentemente todo su poder en ese grupo, será necesario que cuente con un criterio para tal elección. ¿Por qué designar a fulano y no a mengano? ¿Por qué a X antes que a Z? Se trata de aplicar el principio de razón suficientes. Ahora bien, a este principio parece responder, desde los inicios de la democracia moderna en el siglo XVIII, la norma de la elegibilidad de los más justos y los más ilustrados. Se supone que ellos son los más aptos para administrar, legislar y gobernar en nombre de todos y en beneficio de todos. Se supone asimismo que la masa de los ciudadanos ha recibido la educación intelectual y moral requerida para discernir quiénes son los más justos y los más ilustrados. Todo esto es, sin duda, demasiado suponer.

Pero, aún sin entrar a discutir tales suposiciones, lo indiscutible es que, en el actual sistema de democracia representativa, la propaganda y los medios de comunicación, puestos al servicio del gobierno y de los partidos políticos, de los intereses de los grandes grupos económicos y, en general, de la sobrevivencia y la consolidación del sistema, manipulan y deforman de tal manera las mentes de los electores que éstos, en su inmensa mayoría, resultan incapaces de formarse un juicio independiente y de hacer una elección de acuerdo con la propia conciencia. En algunos casos extremos, cuando la democracia representativa ‘entra en crisis, debido a un general e inocultable deterioro de los valores que supuestamente la fundamentan la mayoría abjura del sistema y reniega de los partidos, pero aún así se muestra incapaz de asumir el poder que le corresponde y de autogestionar la cosa pública. Es evidente, pues, que el criterio de elegibilidad no es el de “moral y luces” sino el de “acatamiento y adaptabilidad” (al status quo). Para que los más justos y los más sabios fueran elegidos sería preciso, entre otras cosas, que se eligiera a quienes no quieren ser elegidos.

La gran ventaja que la democracia representativa tiene, a los ojos de los poderosos del mundo, consiste en que con ella el pueblo cree elegir a quienes quiere, pero elige a quienes le dicen que debe querer. El sistema cuida de que todo pluralismo no represente sino variantes de un único modelo aceptable. Las leyes se ocupan de fijar los límites de la disidencia y no permiten que ésta atente seriamente contra el poder económico y el privilegio social. Se trata de cambiar periódicamente de gobernantes para que nunca cambie el Gobierno; de que varíen los poderes para que permanezca el Poder. ¿Cómo se puede decir que el diputado o el presidente que yo elijo representa mi voluntad, cuando dura en su cargo cuatro o cinco años y mi voluntad varía, sin duda alguna, de año en año, de mes en mes, de hora en hora, de minuto a minuto? Afirmar tal cosa equivale a congelar el libre albedrío de cada ciudadano en un instante inmutable y negar al hombre su condición de ser pensante por un cuatrienio o un quinquenio.

No hay falacia más ridícula que la del mandatario que afirma que la mayoría lo apoya porque hace cuatro años lo votó. Pero, aún si nos situáramos en los supuestos de la representatividad, deberíamos preguntarnos: Cuando yo elijo a un diputado, ¿éste es un simple emisario de mi voluntad, un mandadero, un portavoz de mis ideas y decisiones, o lo elijo porque confío absolutamente en él, a fin de que él haga lo que crea conveniente?. En el primer caso, no delego mi voluntad sino que escojo simplemente un vehículo para darla a conocer a los demás. Si esta concepción se lleva a sus últimas consecuencias, la democracia representativa se convierte en democracia directa. En el segundo caso, no sólo delego mi voluntad, sino que también abjuro de ella, mediante un acto de fe en la persona de quien elijo. Si esta concepción se lleva a sus últimas consecuencias la democracia representativa desemboca en gobierno aristocrático u oligárquico.

La democracia representativa se vincula, por lo común, con los partidos políticos y no funciona sino a través de ellos. Es dudoso, sin embargo, que se trate de una vinculación necesaria y esencial ya que bien se puede concebir una representación estrictamente grupal o personal. Nada impide imaginar que los partidos sean remplazados por grupos de electores formados “ad hoc” o que el electorado vote sólo por personas con nombres y apellidos cuyos programas de gobierno hayan sido dados a conocer previamente. Es una falacia más, por consiguiente, aunque no de las más graves, afirmar que no puede existir democracia sin los partidos políticos.

El papel desempeñado por los partidos políticos, de hecho, algunas de las mas serias contradicciones que dicha democracia implica. Los partidos representan intereses de clases o de grupos y se fundan en una ideología. Ellos proponen al electorado las candidaturas y establecen las listas de los elegibles. Ahora bien, es muy posible que un ciudadano no se indentifique con ninguna de las clases o grupos representados por los partidos existentes y que no comparta ninguna de sus ideologías. ¿Tendrá que votar por alguien que no expresa de ninguna manera sus intereses y su modo de pensar? Le queda el recurso -se dirá- de fundar un nuevo partido. Pero es obvio que éste es un recurso puramente teoríco, ya que en la práctica la función de un partido político (y sobre todo de uno que tenga alguna probabilidad de acceder al gobierno) resulta nula no sólo para los ciudadanos individuales sino también para casi todos los grupos formados en torno a una idea nueva y contraria a los intereses dominantes.

En general, el elector elige a ciegas, vota por hombres que no conoce, cuya actitud y cuyo modo de pensar ignora y cuya honestidad no puede comprobar. Vota haciendo un acto de fe en su partido (o, por mejor decir, en la dirigencia de su partido), con la fe del carbonero, confiando en el azar y en la suerte y no en convicciones racionales. Pero, si esto es así, ¿no sería preferible en lugar de realizar costosas campañas electorales, sortear los cargos públicos como los premios de la lotería? Este procedimiento no deja de tener un fundamento racional, si se supone que todos los hombres son iguales e igualmente aptos para gobernar. No deja de ser escandalosamente contradictorio que partidos políticos cuya proclamada razón de existir es la defensa de la democracia en el Estado sean en su organización interna rígidamente verticalistas y oligárquícos. Ello obliga a pensar que la escogencia de los candidatos difícilmente tiene algo que ver con la honestidad, con el saber o siquiera con la fidelidad a ciertos principios.

En nuestros días parece advertirse en los partidos políticos un proceso de desideologización. En realidad no se trata de eso sino, más bien, de una creciente uniformación ideológica en la cual el pragmatismo y la tecnocracia encubren una vergonzante capitulación ante los postulados del capitalismo salvaje. Hoy, menos que nunca, optar por un partido significa defender una idea o un programa, frente a otra idea y otro programa. El nuevo orden mundial, cuya bandera es gris, impone la mediocridad como sustituto de la libertad y de la justicia. Uno de los más ilustres ideólogos de la democracia, Jefferson, el cual sabía bien que el mejor gobierno es el que menos gobierna, confiaba en que el gobierno del pueblo por medio de sus representes aboliría los privilegios de clase sin suprimir las ventajas de un liderazgo sabio y honesto. Al cabo de dos siglos, la historia nos demuestra que tal esperanza no se ha realizado. Sólo la democracia directa y autogestionaria puede abolir los privilegios de clase y, sin admitir ningún liderazgo, reconocer los auténticos valores del saber y de la moralidad en quienes verdaderamente los poseen.

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