Dentro del debate que se da hoy en la Cámara de Diputados por ampliar el fracasado control preventivo de identidad (que no es más que el control por sospecha existente en dictadura, y que como se advirtió desde un principio ha fracasado como herramienta “antidelincuencia”, pues de los realizados desde julio de 2016 a la fecha solo el 5,5% a terminado en detenciones, ya que nadie con antecedentes iba a cruzarse por delante de Carabineros para que lo controlaran) para que se aplicado a menores de 18 y mayores de 16 (boletín 11314), Fundación Paz Ciudadana, uno de los propulsores de las políticas populistas penales, tuvo que admitir que el mecanismo no ha cumplido con los objetivos que se habían propuesto, es decir, no disminuyó las ordenes de detención pendientes.
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En resumen lo que señalaron desde Paz Ciudadana fue que no sólo NO hay aumento en el número total de controles, sino que peor, los policías privilegian los controles preventivos por sobre los investigativos, por lo que son menos efectivos para pesquisar órdenes de detención pendientes. Con esto, concluyeron que no se visualiza un efecto de la ley 20.931 en la disminución de órdenes de detención pendientes, por lo que sería absurdo querer ampliarlo a menores de edad como quieren hacerlo ahora la “Bancada Antidelincuencia”.
El Director Ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, comentó: “Una de las razones que justificaba la implementación de esta norma era que podría ser útil para poder pesquisar órdenes de detención pendientes. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de los casos nos damos cuenta que la norma nueva tiene la mitad de efectividad que la norma antigua. La recomendación es contar con mayor información que pudiera relevar la importancia de aplicar una norma de este tipo, porque la información que nosotros tenemos hoy día no demuestra que la implementación de una norma nueva que baje la edad pueda significar un avance en materia de persecución de la delincuencia”
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Por su parte, el presidente del grupo legislativo, diputado Leonardo Soto (PS), expresó: “A casi un año de creación de esta herramienta de control de identidad preventivo, indica que tendría poco o nulo impacto en materia de seguridad ciudadana y en relación a órdenes de detención, poniendo un gran signo de interrogación sobre la justificación que tuvo precisamente legislar en esta materia, creando esta herramienta de control policial. Incluso deja entrever que la policía ahora tendría menos eficiencia y eficacia para poder controlar el fenómeno delictual, toda vez que buscaría controlar la identidad de personas que no tienen ningún compromiso delictivo y no con las que se pensaba que lo iban hacer. Ellos han sosteniendo claramente que, en el marco de este proyecto de ley, consideran que no existe ninguna información relevante que haga conveniente que se legisle extendiendo esta herramienta de control de identidad a los menores de edad. Si la herramienta tiene dudosa eficacia o nula eficacia, no tiene ningún sentido poder aplicarla a menores de edad”
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