Como bien detalla Gamba, el Control preventivo de identidad fue una real venta de humo por parte de un grupo de diputados autodeniminados “bancada antidelincuencia” (integrado por parlamentarios con prontuario delictual conocido), quienes presentaron éste nuevo control de identidad preventivo, pues el control de identidad ya existía, como una eficaz herramienta para “ganarle la batalla a la delincuencia”, una gran mentira sobre la cual todos los expertos en derecho advirtieron que no iba a servir y sólo era el regreso de la detención por sospecha de la Dictadura. Traduciéndose en que el nuevo control de identidad permitía a Carabineros detenerte aunque no hayas hecho nada.
El proyecto de ley ingresó, creado y promovido por la ultra derecha, con el nombre de “agenda corta antidelincuencia”, y no era otra cosa que la ley Hinzpeter (rechazada por la hoy Nueva Mayoría), fue aprobado finalmente con votos de la Nueva Mayoría.
Desde un principio se dijo que el proyecto de ley tenía como único fin criminalizar la protesta de la clase trabajadora, sirviendo para todo menos como herramienta para combatir la delincuencia, ya que, “de manera predecible, nadie con antecedentes se iba a arriesgar a pasar delante de Carabineros”.
Los datos entregados por la propia policía comprobaron que el “control preventivo de identidad”, contra todo bombo que le ha dado la prensa, no sirve de nada, así de 1.105.560 personas controladas desde Julio de 2016, solo 61.318 resultaron detenidos, es decir, solo alcanza el 5,5% de efectividad, un fracaso rotundo.
Con ello solo quedó en evidencia la real intención del “control preventivo de identidad”, revivir el control por sospecha que existía en dictadura para criminalizar la protesta y ejercer control social sobre la clase trabajadora.
