Altos oficiales de Carabineros, entre ellos el Gnral. Villalobos, no pagan contribuciones por elegantes condominios.

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No solo el llamado PacoGate ha golpeado a la Institución, desfalco que hasta ahora alcanza los 25.000 millones de pesos y a más de 300 uniformados involucrados en dicho robo organizado. Ahora se suma una nueva denuncia de CIPER que involucra a altos mandos de Carabineros, activos y en retiro, parientes de éstos, involucrados en casos sobre Derechos Humanos y un empresario condenado en México por tráfico de efedrina. Así estaría compuesto el grupo propietario de lujosos condominios de 5.000 mts2 en Peñaflor, los cuales no está regularizados y no pagan contribuciones, entre ellos el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, parte del artículo señala;

Ubicado el condominio en El Tranque San Javier, se sabe que consta de 18 parcelas de 5.000 mts2 cada una, de ellos 16 están en situación irregular y no pagan los impuestos territoriales que les corresponden. (…) entre los residentes que no pagan sus contribuciones, además del general Villalobos, figura un ex director general de Carabineros, Fernando Cordero Rusque; el general (r) Ricardo Solar, quien recién dejó la institución; otros ex miembros del alto mando policial; un rector de una universidad privada y un empresario condenado por tráfico de efedrina a México: Mario Vásquez.

Entre ese selecto grupo de vecinos de El Tranque San Javier también estuvo el general (r) Gerardo González Theodor, quien ya vendió su propiedad. Además, tienen o han tenido parcela en ese condominio ex oficiales de Carabineros involucrados en casos de derechos humanos, como Ángel Lorca y Pedro Bobadilla; una hermana del ex jefe operativo de la DINA, Ricardo Lawrence, quien se mantiene prófugo de la justicia; y un civil que en 1970 fue procesado como cómplice del asesinato del comandante en Jefe del Ejército René Schneider: Julio Antonio Bouchon Sepúlveda.

Respecto al General Director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, CIPER indica; El general Villalobos adquirió el terreno en 2011 por $29 millones, operación que quedó registrada ese año en el Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor y cuya inscripción fue revisada por CIPER. Allí construyó una casa, con piscina, quincho y jardines. Pero hasta ahora no ha regularizado su propiedad. En la Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñaflor su terreno no registra permiso de edificación ni de recepción final de la construcción. En síntesis, el máximo jefe policial cuenta con una residencia que no está legalizada. Por lo mismo, no paga los impuestos territoriales que debería cancelar.

La propiedad fue incorporada por el general Villalobos en la Declaración de Patrimonio que por ley deben realizar las autoridades y cuya actualización está fechada el pasado viernes 31 de marzo (vea la declaración publicada por la web de Carabineros). En 2016 el periódico digital El Ciudadano pidió por Ley de Transparencia la Declaración de Patrimonio de Villalobos, pero Carabineros la entregó con la información sobre sus propiedades tarjada. Frente a un dictamen del Consejo Para la Transparencia que obliga a hacer públicos esos datos, el general presentó un reclamo ante la Corte de Apelaciones. Finalmente, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Probidad, debió hacer pública la información hace pocos días.

En su declaración recién difundida, Villalobos identificó su casa de Peñaflor con el rol de avalúo 03920-001 y le asignó una tasación fiscal de $130 millones. Pero esa información es errónea. Según los archivos del Servicio de Impuestos Internos (SII) no existen propiedades en Peñaflor asociadas al rol declarado por el general (vea el registro del SII). El rol correcto de la propiedad de Villalobos es el 0339-00276, el que al ser consultado en el SII deja en evidencia la irregular situación en que se encuentra el bien raíz: sigue identificado como un predio de uso agrícola, y no con el destino habitacional que efectivamente tiene. Por lo mismo, debido a un beneficio tributario para estimular la producción agrícola, está exento del pago de impuestos. Incluso, en ese registro la propiedad sigue a nombre del anterior dueño (vea la ficha del SII sobre este bien raíz). La información oficial del SII asigna a la propiedad de Villalobos una tasación fiscal de $4,7 millones, muy por debajo de los $130 millones que declaró el general. Aunque normalmente la tasación fiscal es inferior al precio comercial, en este caso el monto asignado por Impuestos Internos está completamente alejado de la realidad. CIPER consultó a corredores de propiedades especializados en la compraventa de inmuebles en esa zona, los que indicaron que una casa con las características de la que tiene el jefe policial se comercializa entre $200 y $300 millones.

El general Bruno Villalobos recibió a CIPER y admitió que la casa edificada en su terreno en Peñaflor no se encuentra inscrita. Esa parcela –explicó- la compró en 2011 en $29 millones e inició la construcción del inmueble al año siguiente, con la empresa de Omar Urrutia. La constructora, señaló, debía encargarse de todos los trámites de regularización. Pero, según su relato, Omar Urrutia falleció en 2013 y quedó pendiente la tarea. Dijo haber intentado comunicarse con la empresa para obtener los planos de la residencia y darle curso al trámite, pero no ha sido posible.

El general director de Carabineros también explicó que fue un error de su parte haber puesto en su declaración de patrimonio una tasación fiscal de $130 millones. Lo hizo, dijo, porque encontró que la tasación que le adjudicaba el SII a su propiedad ($4,7 millones) era demasiado baja para el valor comercial que tiene actualmente. También afirmó que antes de haber hecho pública su declaración a fines de marzo, concurrió a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñaflor para informarse de los documentos que se requieren para regularizar su propiedad.

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